El caso de la morgue judicial
A poco más de veinticinco
años del golpe militar de 1976, un discurso sobre lo sucedido en aquel otoño de
mediados de los setenta se ha reificado y ha ido ganando espacios en los
múltiples debates sobre la dictadura. En este discurso, los militares aparecen
como una “fuerza de ocupación” que actuó frente a una sociedad que permaneció
inerme y al margen de lo acontecido. Así, la reducción del golpe de estado a un
enfrentamiento entre civiles y militares no ha hecho otra cosa que eximir a la
sociedad argentina de toda responsabilidad frente al gobierno de facto.
Probablemente como producto del mismo razonamiento, la mayoría de los
trabajos sobre la dictadura se ha centrado en la acción directa de los
militares o de los civiles que operaron en los centros clandestinos de
detención pero ha prestado poca atención al “modo en que amplios sectores de
la sociedad consintieron o impulsaron el actuar criminal de las fuerzas
armadas”. No podemos dejar de reconocer que existieron diferentes grados de
responsabilidad y que, por lo tanto, no era lo mismo ser un funcionario de la
dictadura militar que un ciudadano que miraba hacia otro lado cuando en un
operativo el ejército detenía gente, mientras pensaba para su interior “algo
habrán hecho”. Sin embargo, lo cierto es que varios conjuntos sociales actuaron
de un modo cómplice con la dictadura, ya sea por su actuación directa, ya sea
por su indolencia ante lo que estaba sucediendo. Como sintetizó el historiador
Ian Kershaw, en su análisis sobre la actitud que adoptó la población alemena ante
el genocidio nazi, “(...) el camino que va a Auschwitz se construyó con
odio, pero se pavimentó con indiferencia”. (Por María José Sarrabayrouse - Antropologa)
Oliveira Cuaderno Nº 4: Memoria y dictadura.
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires/
Facultad de Filosofía Letras, Universidad de Buenos
Aires (aqui material completo)
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